Derecho de propiedad, sistema tributario y "supervisión democrática" del Banco Central: los temas que abordó Piketty con un grupo de convencionales constituyentes
Frente a miembros de la Convención Constitucional, el economista francés expuso acerca del rol que según sus estudios, deberían jugar los principios de progresividad y equidad en la futura nueva Constitución de Chile.
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El capítulo chileno de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung fue el encargado de organizar la última exposición del economista francés Thomas Piketty, miembro de la Comisión independiente para una reforma a la tasa corporativa mundial (ICRICT) y conocido por su trabajo teórico en temas de desigualdad económica.
El académico se reunió de forma telemática con un grupo de convencionales constituyentes de oposición, que incluyó a Ricardo Montero, Pedro Muñoz, Marcos Barraza, Cristina Dorador, Fernando Atria, Constanza Schönhaut y Tiare Aguilera.
Piketty inició la charla comentando cifras del World Inequality Database, organismo donde se desempeña como co-director. El economista definió a Chile como un país "extremadamente desigual", entre los muchos países desiguales que existen en el mundo. De acuerdo a los datos presentados, el 10% más rico se lleva casi un 60% del ingreso total, mientras que el 50% más pobre se lleva alrededor de un 10% del total.
Como primer punto, abordó las implicancias para el diseño constitucional del sistema tributario, que en el caso de Chile lo calificó como regresivo. "Lo verdaderamente importante es que la Constitución defina nociones acerca de la tributación, justicia fiscal, derechos de propiedad y régimen de propiedad", afirmó Piketty.
En particular, consideró importante que el objetivo de justicia social y fiscal esté "claramente expresado" en el texto de la Constitución, con una definición sobre el significado de la tributación progresiva e incorporando nociones de progresividad que aborden tanto la renta como el patrimonio.
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Derecho de propiedad
El segundo punto expuesto fue acerca de la organización del régimen de propiedad y los derechos de los propietarios, de cara al grupo de diferentes stakeholders o partes interesadas, que incluye a los trabajadores y consumidores.
Aunque advirtió que no es un experto legal, Piketty puso especial énfasis en prevenir que las cuestiones tributarias queden al arbitrio de los jueces constitucionales, situación que podría ser causada por una omisión o incorporación defectuosa de estos contenidos en la Carta Fundamental. Citando ejemplos de Francia y Alemania, afirmó que esta postura está fundamentada en la experiencia histórica.
El autor de "El Capital en el Siglo XXI" argumentó que con un correcto diseño constitucional, no debería haber limitaciones para implementar políticas tributarias progresivas, y que cada año el gobierno debe ser capaz de evaluar los parámetros de interés, identificando niveles de ingreso entre las personas para clasificarlos correctamente.
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La autonomía del Banco Central
Terminada la charla, algunos convencionales preguntaron por las opiniones del expositor sobre temas tales como diseño constitucional, medio ambiente y Banco Central. Sobre esta última área, Piketty estimó que "podría ser bueno o malo" referirse a la moneda y el circulante en el texto constitucional, aunque admite no tener opiniones fuertes sobre el tema.
La discusión sobre las atribuciones de los bancos centrales en el mundo "ha cambiado mucho", dijo el economista, y agregó que varios países han buscado expandirlas. Antes que poner el foco en entregarle demasiadas tareas a la entidad monetaria, consideró que esta es más bien una herramienta complementaria con otras, como puede ser el sistema tributario.
Junto con ello, explicó que es relevante someter a los bancos centrales a una cierta supervisión democrática. Para Piketty, el Congreso tiene el rol de producir "evidencia y expertise" acerca de posibles políticas monetarias alternativas.
En materia medioambiental, señaló que es fundamental incluir temas de desarrollo sustentable y más concretamente, abordar el nivel ideal de progresividad en las políticas públicas que buscan limitar las emisiones de carbono.